IDEAS

En el mes de enero, AGORA analizó el procedimiento que estaba surtiendo el Gobierno Nacional para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, que se ha instaurado además del proceso de paz, como uno de los grandes propósitos del Presidente Juan Manuel Santos para dejar su segundo mandato con una serie de “triunfos” en materia social, política y económica.

No obstante, el proceso en el que actualmente se encuentra Colombia se ha visto previsto de una serie de complicaciones políticas e incluso administrativas que la opinión pública ha fortalecido generando un grado de inquietud. Sin embargo, a pesar de las críticas generadas recientemente frente a la supuesta falta de coordinación al interior del Gobierno Nacional conforme a la situación presentada entre los Ministerios de Salud y de Comercio, no se puede desconocer que la OCDE es un organismo internacional conformado por comités integrados por miembros de más de 30 países y no se cuestionan las demandas ni los procedimientos exigidos por la organización para quienes quieran acceder a él.

Así las cosas, a pesar del reciente debate presentado entre las carteras de Salud y de Comercio, derivado de la declaratoria de interés público que realizó el Ministro de Salud frente al medicamento Imatinib de la farmacéutica Novartis y la expedición del Decreto 670 de 2017 por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual se fijan normas en materia comercial para el trámite de declaratorias de interés público sobre patentes; es claro que el país ha seguido avanzando en la aprobación de los comités previstos para acceder al organismo, y aunque hay asuntos que aún se encuentran pendientes de conciliación o acuerdo a la fecha el país ya tiene el visto bueno de 21 de los 23 comités requeridos, como se observa a continuación:

Sin embargo, el camino no ha sido fácil para lograr la aprobación de los 21 comités. Tal vez uno de los escenarios más complicados se presentó para la aprobación del Comité de químicos, toda vez que el país no contaba con una política pública para el manejo de residuos y químicos industriales, que afortunadamente ya fue solucionada.

Actualmente, el tema más complejo tiene que ver con la aprobación de los comités de Comercio, sobre el cual se dice recae la discusión sobre las patentes de medicamentos, y el acceso al comité de empleo, trabajo y asuntos sociales. Al respecto, la OCDE ha expresado que resulta complicada la validación de los requisitos, toda vez que Colombia presenta niveles de informalidad laboral demasiado altos, en comparación con los países que integran la OCDE. Por lo anterior, los esfuerzos del Gobierno Nacional deberán enfocarse en la promoción y fortalecimiento de la estabilidad y formalización laboral, así como la mejora en políticas de generación de empleo que van más allá de incentivos tributarios.

De igual forma, el Gobierno no puede olvidar que los 35 países que integran la OCDE son considerados los más igualitarios y con políticas más estables en el mundo, por lo que Colombia, deberá corregir políticas que permean la inequidad y desigualdad. Aun cuando la bandera del Ministro de Hacienda para impulsar la reforma tributaria el año anterior consistió en indicar que dicha reforma nos ubicaba un paso más cerca del acceso a la OCDE, el organismo ha sido enfático en manifestar su preocupación frente a la falta de capacidad de redistribución del sistema tributario colombiano, y que a la fecha no han sido resueltas con la ley 1819 de 2016.

Así mismo, se ha señalado que la inequidad en Colombia alcanza niveles tan altos que algunas regiones se asemejan a los países más pobres de África (Cómo el Chocó o la Guajira) y otras, cuentan con ingresos y capacidades como las ciudades de países de ingresos altos.

Lo anterior nos pone a pensar, si realmente la estrategia del Gobierno Nacional por ingresar a la OCDE es la adecuada o si simplemente se trata de una serie de medidas y planes que se han adoptado para el ingreso a los comités pero que van a ser difícilmente materializados. Pues, aun cuando a la fecha ya han sido aprobados la mayoría de los comités exigidos, las políticas públicas internas parecen inamovibles y las condiciones se mantienen en materia de política fiscal, financiera, laboral, ambiental, e incluso, el más reciente comité aprobado de Economía, Desarrollo y Gobernanza Pública  que promueve el fortalecimiento del sistema de justicia, y garantizar que esta sea más incluyente, eficaz, eficiente, moderna y de fácil acceso para cualquier ciudadano, se ve como una serie de planes a edificar, pero no se observan recursos o financiación para implementar dichas acciones.

¿Qué esperar de los comités restantes?

El Comité de Comercio, tiene como objetivo fundamental velar por mantener y mejorar el sistema comercial multilateral, centrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante medidas encaminadas a frenar el proteccionismo y a liberalizar más los intercambios internacionales de bienes y de servicios; busca favorecer el reforzamiento de las relaciones comerciales con los países en desarrollo, contribuyendo a su progreso económico e integrándolos en el sistema comercial internacional y eliminar los obstáculos que distorsionan la competencia. Este es probablemente el comité que más interesa a las diferentes industrias toda vez que promueve medidas de desarrollo y competitividad en el acceso a mercados.

Así las cosas, corresponderá al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, liderar la propuesta de acceso al comité por lo que cobra sentido la situación presentada recientemente con el Decreto 670 de 2017, pues a ser uno de los dos comités que faltan por aprobación, el Gobierno debe congraciarse con las diferentes industrias para lograr el ingreso.

Por otra parte, en el Comité de empleo, trabajo y asuntos Sociales como ya se indicó, la mayor preocupación es el alto nivel de desempleo;  así como los empleos poco estables y mal remunerados, pobreza y una formación insuficiente  que dan lugar a tensiones en la estructura social que repercuten en la economía del país.

Este Comité busca desarrollar trabajos sobre numerosas áreas interdependientes que contribuyen a que los gobiernos pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir la exclusión social, también examina las estructuras de empleo y de remuneraciones. Por lo anterior, esperaremos si en próximas fechas, aunado al cambio de Ministra de Trabajo, se adelantan otras acciones que permitan la formalización y la mejora de las condiciones laborales que aquejan al país.

Lo que sigue:

El pasado martes 9 de mayo la Comisión Segunda del Senado de la República  aprobó  en tercer debate  el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, adoptado en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014. [Acuerdo con la OCDE sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización]”.  En este sentido, solamente queda pendiente el cuarto y último debate que se surtirá en la plenaria de Senado para culminar el trámite.

Cabe aclarar que la aprobación de dicho proyecto de ley que aprueba el acuerdo firmado en el 2014, es indispensable para cuando Colombia logre la aprobación de los 23 comités. Una vez surtido este trámite y se tengan todos los vistos buenos, el Consejo rector de la OCDE tomará la decisión, por consenso, de aceptar a Colombia como parte de la organización.