El 23 de mayo el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina envió al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores con el objetivo de establecer acciones a favor de la industria argentina mediante un trato preferencial en las compras públicas.
Puede ver la propuesta de ley presentada aquí.
Estas son las cinco claves para entender en qué consiste esta propuesta:
1. Se entiende como bien de origen nacional aquel cuyos costos de materias primas, insumos o materiales importados no supere el 50%.
2. Deberán dar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes nacionales la Administración Central, las Empresas y Sociedades del Estado, las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiera otorgado licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obra y servicios públicos, y los contratistas directos de dichos sujetos.
3. Se otorgará esta preferencia a los productos nacionales cuando el precio de las prestaciones similares o idénticas sea igual o inferior al precio ofrecido por los no nacionales, con un margen de preferencia a favor de los bienes argentinos del 12% para PYMES y del 8% para el resto de las empresas.
Según el texto presentado, en el caso de que no hubiera oferta nacional “se darán preferencias del 1% por cada 5 puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de la producción de bienes alcanzados, hasta alcanzar un máximo de un 8%”.
4. Se establecen los Acuerdos de Cooperación Productiva por los que el adjudicatario se compromete a realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados con el objeto de la licitación. Compromiso del que quedaría excluido la compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción publicitaria y similares.
5. Se propone la creación dentro del Ministerio de Producción de la Nación del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores con el objetivo de desarrollar proveedores nacionales de sectores estratégicos impulsando la industria y diversificando la matriz productiva argentina.
Además, la propuesta contempla sanciones para aquellas compras públicas en las que no se cumplas las obligaciones expuestas en la ley. Estas sanciones abarcan desde apercibimientos y multas de hasta el 50% del precio total del contrato, hasta la suspensión de hasta 10 años para la adjudicación de nuevos contratos.
