Colombia realizó una gran reforma a todo su sistema de seguridad social a comienzos de la década de los noventas. Permeada por la geopolítica internacional, esta transformación incorporó elementos neoliberales que disminuían la injerencia del Estado en la administración de su oferta social en tales frentes. Esto significó que tanto el sistema de salud como el de pensiones fueran rediseñados completamente.
Ahora bien, el nuevo sistema de seguridad social se formuló sobre la base de incrementar masivamente su cobertura sobre los ciudadanos, proteger financieramente a los colombianos ante eventos catastróficos en salud y la vejez y, finalmente, lograr equidad social en la población.
La situación para ese momento en términos de cobertura en salud no podía ser más dramática. Solo el 25% de los colombianos tenía algún tipo de seguro, en su mayoría a través de los trabajadores formalizados; el 90% de los subsidios Estatales a la oferta terminaban en los quintiles de la población con mayor capacidad de pago y el gasto público en salud era alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del aceptable internacionalmente.
Veinticinco años después, se puede decir que los objetivos originales para el caso del sistema de salud fueron alcanzados con sumo éxito: hoy existe cobertura universal, es decir, más del 95% de la población se encuentra afiliada a algún seguro. Los recursos públicos de la salud tienen destinación específica y los subsidios son canalizados a la población de los dos quintiles más vulnerables de la población, gracias a la incorporación de un instrumento que permite su clasificación, denominado Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN). Además, el gasto en salud en Colombia supera el 7% del PIB, siendo tan solo el 15% de éste, gasto de bolsillo y el resto, gasto público, lo que lo convierte en uno de los sistemas (sino el más) con mayor protección financiera del Mundo en Desarrollo.
Sin embargo, aunque fueron producto de una misma reforma, la historia para el Sistema de Protección Económica de la Vejez (sistema pensional) de Colombia es diametralmente distinta. Un cuarto de siglo después, el sistema de pensiones no solo tiene pobres resultados, sino que, en ausencia de medidas oportunas regulatorias, pareciera que se ha deteriorado su desempeño. Al igual que para el sistema de salud en 1990, la cobertura de este sistema actualmente es de tan solo el 23% de la población colombiana, el 73% de los subsidios benefician a los dos quintiles con mayores pensiones; más aún, dentro de los dos regímenes existentes, de Prima Media y Ahorro Individual, el primero, en manos del Estado, subsidia a las pensiones de manera regresiva, lo que incentiva y acentúa la situación de inequidad descrita. Para empeorar el escenario, el sistema pensional tiene un déficit significativo que alcanza el 3% del PIB (pues las contribuciones no cuben el gasto) y se estima que el gasto en el presupuesto nacional aumente 8% para este 2018.
Así, hoy es tanto o más necesaria la reforma al sistema pensional como lo fue a todo el sistema de seguridad social, y de salud, hace dos décadas y media. Como se puede evidenciar, dicha reforma implicará, más allá de la discusión del aumento de la edad de pensión, de transformaciones institucionales importantes y un complejo diseño de incentivos, además de requerir de un fuerte capital político, por lo que, las condiciones de gobernabilidad del nuevo gobierno de Colombia a partir del próximo 8 de agosto, serán determinantes para su urgente formulación.
