El pasado jueves 17 de enero, la Escuela de Cadetes de Policía General Santander (Ecsan) fue escenario de un atentado terrorista, perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como consecuencia de este execrable hecho, y después de la aceptación de esta guerrilla de la autoría del acto terrorista, el Gobierno Nacional tomó la decisión de levantar la suspensión de las órdenes de captura contra los negociadores de la guerrilla que se encontraban en Cuba, pero no cerró la puerta a la negociación en el futuro. De esta forma, Miguel Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, legitimó la acción del Gobierno Nacional en la potestad que tiene para decidir sobre las negociaciones de paz, puesto que éstas no habían sido decisiones de Estado sino de Gobierno en el período Juan Manual Santos 2014-2018.
En este escenario, la prioridad para el Ministerio de Defensa Nacional es fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos y anticipar cualquier amenaza de terrorismo. Es por eso que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió un comunicado de alerta y recomendaciones a todas las empresas de vigilancia y seguridad del país de acuerdo al artículo 110 del Decreto ley 356 de 1994. Se exige a las empresas mantener un contacto permanente con los coordinadores de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de las Áreas Metropolitanas y Departamentos de Policía y adoptar medidas necesarias para evitar vehículos abandonados o paquetes no identificados, entre otros aspectos.
Así mismo, el Presidente Iván Duque, citó un Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevó a cabo en la Ecsan donde ordenó medidas de seguridad para todo el país con el fin de evitar otros atentados y brindarle tranquilidad a la ciudadanía. Al término de éste, la Fiscalía General de la Nación entregó los primeros resultados de las investigaciones realizadas por la entidad y el director de la Policía Nacional, el Mayor General, Óscar Atehortúa, ordenó a su pie de fuerza la captura inmediata de los responsables del atentado y la puesta en marcha de un plan de protección de la ciudadanía.
Por otra parte, las declaraciones dadas por las diferentes autoridades han revelado que las fallas en el sistema de vigilancia de la Escuela General Santander, que contaba con tecnología de la Policía Nacional, ocasionaron que no fuera detectado a tiempo el vehículo usado en el atentado. Esta situación podría justificar el debate sobre la importancia de la seguridad basada en tecnología, para las instituciones públicas del país. Sin embargo, poco se ha discutido al respecto.
Las decisiones mencionadas han generado medidas cautelares en los departamentos donde hay presencia del ELN (Cauca, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Arauca y Antioquia), aumentando la seguridad tanto en las bases militares como en zonas urbanas y regiones amenazadas.
Y es que el atentado ha generado que la agenda de seguridad nacional se tome el país, convirtiéndola en una prioridad no solo para el Gobierno Nacional, sino también para los gobiernos departamentales y municipales, lo cual puede tener efectos legislativos en el corto plazo mediante nuevos proyectos de ley o actos legislativos cuando el Congreso retome actividades en la segunda semana de febrero; también se prevén efectos regulatorios desde el poder ejecutivo (decretos, resoluciones, etc.) principalmente desde el Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como efectos políticos, que podrían ir desde decisiones con impacto en la relación con Venezuela hasta coletazos sobre la credibilidad y la agenda de los partidos de izquierda y centro-izquierda considerando además que se aproximan las elecciones de alcaldes y gobernadores (octubre de 2019).
Por ahora, políticamente hablando, el rechazo al atentado terrorista ha generado una unidad nacional, en materia política, no vista en el Gobierno de Duque, lo cual puede empoderar al Presidente a impulsar de forma acelerada una agenda única y unívoca de seguridad nacional, soportada no únicamente por los partidos de gobierno sino por opositores, independientes y también por los agentes privados del sector.
De hecho, distintos gremios empresariales, como la Federación nacional de Comerciantes (Fenalco), Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (ANDEVIP) o la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC), entre otros, se han pronunciado sobre los hechos para instar a los empresarios y ciudadanos a trabajar de forma conjunta con la Fuerza Pública. Y es que, lo cometido por la guerrilla no solo evidencia la vulnerabilidad de la seguridad en lugares estratégicos de Bogotá y el resto del país, sino que obliga a una revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad tanto de las entidades públicas como de las privadas.
No menor es el efecto económico que podría tener esta crisis porque se aumenta la incertidumbre con respecto al cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, debido a las amenazas y posibles atentados adicionales por parte del ELN a la infraestructura de empresas transportadoras, comercializadoras y productoras de energía (oleoductos, hidroeléctricas, etc.) que hoy son parte importante de los ingresos de la nación. En el marco fiscal se tiene presupuestado un incremento en la producción de petróleo durante 2019, representando un 15.6% del PIB4. De igual forma, las empresas que requieren servicios de seguridad privada también se ven forzadas a redoblar sus condiciones de seguridad ante la amenaza que representa el ELN.
Adicionalmente el cambio en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía puede presionar la necesidad de seguridad fortalecer las condiciones de seguridad tanto armada como no armada en todos los ámbitos de desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, el sector de turismo que se encontraba en auge después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se ve obligado a reforzar la seguridad en los diferentes centros turísticos del país aumentando el pie de fuerza y la tecnología que se requiere para hacer garantizar la tranquilidad de los turistas nacionales e internacionales.
Además, lo sucedido puede minar la confianza inversionista en el país en el mediano plazo, ya que no hay ninguna respuesta certera por parte del Gobierno Nacional de cómo va a hacer frente a los ataques terroristas por parte del ELN, después de la suspensión de los diálogos de paz y de haber solicitado la captura de los negociadores de la guerrilla en Cuba. Los diversos sectores de la sociedad parecen por ahora respaldar las decisiones del Presidente Duque, incluyendo a los sectores económicos, pero al tiempo se consolida un sentimiento generalizado de incertidumbre y pérdida de control sobre el conflicto armado con el ELN.
